5.8.1. El porqué del Contrato Político y Social para garantizar el Derecho Constitucional a la protección de la salud
El Proyecto de Progreso Social que propugnamos y la creencia de un mejor futuro sanitario para nuestra Comunidad, exige una renovación permanente del compromiso con los valores que guían el ejercicio de la responsabilidad política ante los ciudadanos. En este proceso necesitamos liderazgos políticos y sociales con una visión de futuro que transmitan confianza al sector y a la sociedad, para así poder garantizar la fortaleza y sostenibilidad del legado sanitario a las próximas generaciones. Es, más allá de otras consideraciones, un ejercicio de responsabilidad ética y social con la misión de los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.
Desde esta perspectiva y para comprender la multidimensionalidad y complejidad de la realidad social de nuestro tiempo, es necesario huir de la mistificación y simplificación de lo existente y tratar de entender los cambios – que se han venido produciendo y se producen- en un nuevo contexto, que exige retomar y revitalizar las ideas y dignificar los comportamientos políticos, para así poder enfatizar con preferencia en las políticas públicas y dar carta de legitimidad a las personas y a los ciudadanos. Creemos que el compromiso político debe tener un valor contractual implícito y social vinculante; este pronunciamiento es el que debe definir el nuevo marco de relaciones de confianza y seguridad entre los ciudadanos y los partidos políticos. Así proponemos, que la efectiva concreción de la tutela del derecho a la protección de la salud, se estructure en una serie de contratos políticos y sociales con los distintos sujetos de derecho (verdaderos titulares) y otros agentes principales de la sanidad pública.
Este Libro Blanco intenta trasladar a las agendas política y pública un conjunto de problemas estructurales para prevenir y corregir el constatable deterioro de los servicios sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid. Para ello será necesario renovar el contrato social que se expresa en el concepto de ciudadanía sanitaria y que otorga legitimación al conjunto de la sociedad.
Entendemos que ya existe un contrato social implícito que actúa como garante del servicio público de salud; pero nos sentimos responsables de hacerlo explícito y de fortalecer su valor para los ciudadanos. Es la gran tarea de nuestra generación a la que nos sentimos convocados, y para la cual hemos pedido la contribución de todos.
Se trata por más de un debate abierto a la sociedad y al conjunto del sector sanitario que consideramos necesario, urgente e inaplazable. El amparo que vienen prestando los agentes sociales y profesionales de la salud a este proceso de trabajo técnico y de reflexión, creemos que añade reconocimiento a este proyecto sanitario con vocación reformista y regeneracionista.
Los consensos necesarios para hacer cristalizar un Acuerdo Social, tienen que buscarse desde la claridad en el análisis de los problemas, y desde la voluntad de encontrar alternativas que impliquen niveles de cesión y responsabilidad por parte de todos, para conseguir ganancias mayores para el conjunto del sistema sanitario público.
Sin duda alguna, los agentes internos del sector (autoridades sanitarias, gestores, profesionales, sindicatos…) tenemos un importante e insustituible deber en la sostenibilidad del sector sanitario público y debemos buscar, bajo formas éticamente responsables nuestra contribución al cumplimiento del derecho fundamental a la protección de la salud que emana de la Constitución Española y adquiere plena soberanía social en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
El sistema sanitario público es patrimonio de todos, pero los profesionales sanitarios y los agentes sociales tienen unas credenciales y una obligación vinculante y preferente ante la sociedad, que les obligan a participar con voz propia en los ámbitos donde se dilucida la política sanitaria en lo que respecta a su dimensión social, profesional y laboral; y subsidiariamente también tienen un papel esencial que aportar en la sostenibilidad interna , en la protección de este bien social colectivo y en la preservación de los valores fundacionales del sistema.
La misión y consonancia de los acuerdos o pactos entre agentes sanitarios y sociales son una garantía para la consolidación del sistema sanitario, además de que refuerzan la legitimidad de quienes comparten estos fines colectivos orientados a mejorar el bienestar de nuestros conciudadanos.
5.8.2. Necesidad de reformas para consolidar y transmitir el legado sanitario a las siguientes generaciones
La situación de contexto general que se viene objetivando en el Gobierno de la Comunidad de Madrid caracterizada por una mercantilización de la salud -idolatría al mercado que en su lógica política ignora la existencia de necesidades humanas colectivas que por su naturaleza de bien social protegido no son, ni pueden ser, simples mercancías-, una desafección creciente de los profesionales sanitarios con las instituciones públicas, una marcada pérdida de liderazgo y de ejemplaridad política, y una débil confiabilidad con la sociedad, representan una preocupación de primer orden que exige buscar una salida a esta crisis profunda de legitimación política y social por esta deriva irracional y autoritaria.
No puede haber por tanto otro lema desde la ética política y pública que un avance legislativo reformista y socialmente competente para la revitalización del Servicio Madrileño de Salud como patrimonio de todos, con un doble objetivo: primero, mejorar la calidad asistencial como primera prioridad de la política sanitaria y segundo, consolidar la integración de las redes asistenciales de titularidad pública como un valor identitario de consolidación y progreso social.
Cualquier salida a la situación de estancamiento político y sanitario que se constata en la Comunidad de Madrid va a requerir de esfuerzos vigorosos para la construcción de profundos consensos: políticos, profesionales y sociales. Ninguno de los problemas verdaderamente relevantes puede resolverse desde la simplicidad del análisis, el oportunismo político, ni a corto plazo. Necesitamos un nuevo tiempo político y social para presencializar la identidad de una nueva ciudadanía sanitaria.
Creemos que son inaplazables iniciativas políticas para garantizar la calidad asistencial, incrementar la financiación pública acorde con la riqueza y las características socioeconómicas de nuestra Comunidad Autónoma (siendo a la vez consecuentes con una política exigente de equilibrio presupuestario y desempeño fiscal), mejorar las competencias esenciales de los servicios públicos (capital intelectual, tecnológico y social), racionalizar las prestaciones y servicios sanitarios en términos de efectividad y coste, y singularmente, priorizar en función de las necesidades y resultados en salud.
Demorar una apuesta reformista y regeneracionista en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, es la mejor receta para un deterioro de la calidad, la eficiencia y la equidad a “fuego lento”. Por ello, desde la responsabilidad política, pública y social ante la ciudadanía sanitaria, no vamos a renunciar a las necesarias transformaciones organizativas y de gestión pública en los servicios sanitarios, porque esta actitud pasiva e indolente significaría crear las condiciones para que las inercias políticas -marcadas por la urgencia y la búsqueda de soluciones utilitaristas/oportunistas a problemas inveterados- se orienten hacia intereses privativos, como hoy acontece de una forma arrogante, irracional y poco transparente en el Gobierno Sanitario de la Comunidad de Madrid, alterando el proceso de continuidad asistencial y la concepción integrativa, multidisciplinaria y comunitaria de la práctica moderna en los servicios asistenciales.
- Ciudadanía sanitaria como titular del derecho fundamental a la protección de la salud. Principio de unicidad y cohesión social de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid con el conjunto del SNS.
- Garantías Constitucionales y observancia de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE para las prestaciones y servicios sanitarios públicos.
- Legitimación política y social de los servicios sanitarios públicos desde una concepción integrativa de las funciones, actividades y competencias esenciales vinculadas al ámbito jurídico de titularidad pública.
- Sindicalismo de Progreso y Profesionalismo participativo y corresponsable en la gobernabilidad y co-gestión del patrimonio sanitario común.
- Principio de subsidiariedad como vínculo ético entre la sociedad y las instituciones políticas.
Necesitamos un avance legislativo reformista en el cual la Autoridad Sanitaria de la Comunidad de Madrid asuma una rectoría política de vanguardia en la defensa del interés general y el bien común.
Para que esto sea posible se precisa, básicamente, de ejemplaridad política y de capital social, humanista y ético. Porque las competencias fundamentales de los servicios sanitarios públicos, tanto profesionales como tecnológicas, tienen una notable distinción competente y los ciudadanos confían en ellas.
El Poder Político, que no es otra cosa sino la capacidad legal otorgada por los ciudadanos para dirigir la sociedad y las instituciones, tiene la obligación moral de liderar en este momento histórico un proyecto dinámico y transformador que garantice la suficiencia, sostenibilidad, gobernabilidad y equidad como fundamentos básicos de legitimación social de los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid, desde la corresponsabilidad política y cohesión social con el conjunto del SNS.
5.8.3. El Acuerdo Social para un sistema sanitario sostenible en la Comunidad de Madrid
Hemos vivido e impulsado una enorme transformación de la sanidad española en las últimas décadas, que ha conjugado un gran desarrollo científico y profesional de la medicina, con la creación de un sistema público de salud de amplia cobertura y buena calidad. Este sistema constituye hoy uno de los pilares básicos de nuestro bienestar, y sobre él se asienta una parte esencial de los derechos de ciudadanía en nuestro país y de la propia legitimación de los Poderes Públicos.
Sin embargo, los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad, con independencia de su pensamiento ideológico y social, vienen observando con preocupación algunas señales poco virtuosas que éste sistema público de salud está transmitiendo a la vida interna de las instituciones y a la propia sociedad.
Porque seguimos creyendo que el sistema público de salud existe como parte de un compromiso, de un Acuerdo Social que los españoles hemos apoyado y legitimado en la Constitución y en la Ley General de Sanidad. Por eso entendemos que ante las nuevas realidades y transformaciones en el ámbito organizativo, social, económico, tecnológico y cultural debemos redefinir y revitalizar el Contrato Social de Ciudadanía aprovechando las aportaciones y los compromisos que todas las organizaciones profesionales, las sociedades científicas, los agentes sociales y la propia sociedad civil vienen planteando en la búsqueda de un consenso histórico que garantice un sistema sanitario público sostenible, integrado, equitativo y de calidad científica y humana.
También hemos defendido desde hace años que el sistema sanitario público es sostenible; que podemos y debemos legar a la siguiente generación un servicio de salud más efectivo, eficiente, de mayor calidad, y con un coste razonable, a la vez que asumible por el Estado Social.
Desde esta responsabilidad compartida se viene proclamando hace ya muchos años que necesitamos construir una senda de racionalidad, confianza y consensos básicos entre todos los agentes del sector (políticos, económicos, profesionales, sociales, ciudadanos y también los propios usuarios), tratando de conseguir una convergencia de intereses sociales ante los desafíos y retos que presentan los servicios sanitarios públicos; todo ello, con una visión claramente transformadora y regeneracionista.
Nuestra Comunidad y en solidaridad con el conjunto del SNS -en el que nos sentimos plenamente integrados- expresamos libremente nuestra responsabilidad y compromiso por medio de este Libro Blanco y convocamos a todos los agentes del sector, y a la propia sociedad civil, a un legítimo debate político y social sobre el Futuro de la Sanidad Pública de Madrid.