Libro blanco de la Sanidad de Madrid

El Compromiso de las Corporaciones Locales con la Salud de los Ciudadanos

Filed under: Compromiso por la sostenibilidad — admin @ 11:35

Las Administraciones Locales, como entidades financiadoras y administradoras de servicios públicos esenciales para los ciudadanos, tienen la responsabilidad social de impulsar proyectos y acciones encaminadas a la promoción de entornos saludables y seguros en el marco de la salud pública. Por más, las intervenciones correctoras sobre los factores que inciden en la salud individual y poblacional, como consecuencia de las desigualdades y situaciones de exclusión social, vienen siendo objetivos prioritarios en la gobernanza municipal por su carácter integrador y protector del bienestar de la comunidad.

Desde la cercanía y el contacto directo de las Administraciones Locales con la ciudadanía, se deben configurar modelos de gestión que posibiliten utilizar técnicas de investigación operativa para establecer prioridades desde un contexto intersectorial de la salud pública. Asimismo, en éste área de intervención, y con la participación de los agentes sociales como interlocutores de primera instancia, se deberán analizar las nuevas demandas, allí donde se reconocen entornos sociológicos con mayores necesidades y dependencias, promoviendo de forma continuada iniciativas de salud comunitaria y medioambiental.

Se requiere innovar socialmente -en este ámbito de proximidad ciudadana- con estrategias de vigilancia y control frente a factores de riesgo y hábitos de vida que puedan afectar a la salud de los ciudadanos; de hecho, es responsabilidad de las Corporaciones Locales establecer planes marco intersectoriales de salud con sus dispositivos tecnológicos de soporte y otros mediadores de servicio a la comunidad como las escuelas de promoción de hábitos y entornos saludables. En esta tarea los propios Ayuntamientos y los Consorcios Públicos con participación municipal deberían apoyarse en instituciones académicas y docentes (Universidades, Escuelas de Salud Pública, etc.) mediante convenios o redes sociales de colaboración, para dar soporte científico-técnico a los estudios, programas y proyectos, así como en la definición de indicadores de evaluación y control de la salud en la comunidad local.

En el ámbito de las políticas municipales de carácter trasversal para el fomento de la equidad social, son los planes de salud, así como otras acciones preventivas dirigidas preferentemente a los grupos de riesgo y de mayor vulnerabilidad, los que deben formar parte del propio contrato social con la ciudadanía. Y añadiríamos, que un eje vertebrador de las actuaciones públicas municipales debe ser la promoción de los hábitos saludables de la población por medio de programas educativos y acciones específicas directas, algo a lo que difícilmente llegan otras administraciones.

A pesar de que con frecuencia las Administraciones Locales consideran que sus competencias sanitarias y sociales son muy reducidas, los Ayuntamientos sí pueden y deben intervenir de manera activa adoptando iniciativas relevantes sobre todo lo que se viene denominando como “salud en todas las políticas públicas”.

A este respecto, y dado que las Corporaciones Municipales sí poseen competencias importantes en la regulación de la actividad social y económica (industria, transporte, urbanización, empleo, asistencia social, educación…), su capacidad de mediación y arbitraje por medio de acciones específicas y programas de salud pública es insustituible. Es necesario asegurar que todas las políticas públicas garantizan el mejor impacto posible sobre la salud de los conciudadanos y, al mismo tiempo, que sus actividades de tutela sobre el tejido industrial y empresarial (ordenanzas, autorizaciones administrativas, servicios de inspección, etc.) minimizan los riesgos para la salud humana.

Creemos, desde una cultura democrática de progreso, que la participación ciudadana es un elemento de cohesión social en todas las políticas municipales, por su contribución activa sobre determinados aspectos hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y prioridades para mejorar los servicios y las iniciativas de salud pública. En particular, este derecho de participación ciudadana en los Consejos de Salud y otros órganos de representación social es una garantía de Buen Gobierno municipal y de transparencia democrática, y ayuda a poner en valor las políticas públicas y otros determinantes del bienestar y de la calidad de vida de la población. Por ello, la promoción y la prevención de la salud deben ser ejes centrales en la responsabilidad de la gobernanza pública de los municipios.

Sin duda, es un signo político de preocupación que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no haya mostrado interés en desarrollar los órganos de participación ciudadana en el marco institucional de los Consejos de Salud, como así lo contemplaba la LOSCAM. Este déficit de buena práctica de gobierno ha determinado que los compromisos y las demandas relacionadas con la salud y la sanidad pública, se hayan tenido que canalizar exclusivamente en el ámbito de los Consejos Municipales de la Salud en aquellos municipios que por su política social participativa los tienen ya constituidos, poniendo en valor democrático esta responsabilidad de ciudadanía pública.

Los movimientos ciudadanos y sociales más comprometidos con los servicios sanitarios y la salud comunitaria vienen asumiendo crecientemente un rol de corresponsabilidad y compromiso de participación democrática, interviniendo proactivamente en la definición de las políticas públicas sectoriales y en otras propuestas sobre las prioridades en materia de salud pública, dando legitimidad al principio de subsidiariedad y poniendo en valor el consenso social en el ámbito municipal.

A este respecto conviene remarcar que la corresponsabilidad de los movimientos ciudadanos con las políticas de salud es un activo social imprescindible en la cultura cívica y en el capital social presente en la vida de los municipios, por cuanto que refuerza las bases de participación democrática de un modelo de convivencia y desarrollo humano, y atribuye legitimidad a las competencias subsidiarias de ciudadanía en la comunidad. El fomento de los movimientos asociativos, y de todo tipo de iniciativas altruistas y solidarias, debe también formar parte de la agenda política en el gobierno municipal, porque es a través de estos foros y redes cooperativas de servicio a la sociedad como se promueve el capital ético, social y cultural en la vida de los municipios.

En la creación de redes sociales solidarias en la comunidad local, las TICs son un buen instrumento facilitador para re-canalizar las vías de participación que hagan posible la expresión democrática y de ciudadanía responsable, contribuyendo a que las demandas se ajusten a patrones de necesidad en la salud pública del municipio, principalmente en aquellos colectivos con mayor precariedad económica y exclusión social.

La desigualdad en el desarrollo de competencias y programas entre municipios o distritos municipales de la Comunidad de Madrid en materias vinculadas a la salud pública; así como la variabilidad existente en las poblaciones locales sobre los planteamientos y ejecución de las actividades de prevención y educación sanitaria, determina -y exige- la necesidad de una co-gobernanza intermunicipal subsidiaria en estas políticas públicas esenciales mediante instrumentos de coordinación. Esta orientación unitaria en el ámbito de responsabilidad política de los municipios, permitiría compartir objetivos estratégicos, adecuar y asignar con eficiencia social recursos, alinear intereses comunes y evaluar el grado de efectividad de los programas de salud pública desde una perspectiva global e integradora en ciudades y municipios de la Región.

Desde una cultura política que sustenta su legitimidad en valores de transparencia democrática y de servicio al bien común, creemos que en los órganos rectores de los diferentes estratos y niveles de la estructura sanitaria (atención primaria y comunitaria; hospitales y áreas de gobernanza política), la representación de los municipios deberá institucionalizarse, contribuyendo corresponsablemente desde sus propias competencias a impulsar políticas locales activas y transversales que coadyuven a mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos; todo ello bajo la tutela de un Consejo Regional de Salud Inter-Municipal que, entendemos, habrá de ser constituido bajo el auspicio de un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid.

Esta filosofía de política pública y social se contempla en la futura Ley de Salud Pública que promueve el Gobierno de España, y que será un instrumento de corresponsabilidad social y cohesión sanitaria que garantizará un papel preferente competencial a los Ayuntamientos en la coordinación e implementación de las políticas orientadas a la salud de los ciudadanos.

Con estas ideas pretendemos ofrecer la posibilidad de enriquecer el debate acerca del futuro de las responsabilidades y competencias municipales en el contexto de la salud pública, fortaleciendo las funciones de Buen Gobierno, el papel de subsidiariedad ciudadana y la cohesión social como seña de identidad y de progreso en la comunidad.

 


Los Ayuntamientos, como administraciones públicas de servicios a la comunidad, deben promover la cohesión social y la participación ciudadana, liderando proyectos y acciones encaminadas a:

  • Facilitar el derecho de acceso a las prestaciones y servicios sanitarios públicos a los ciudadanos.
  • Promocionar entornos de seguridad, tutela y garantías en el marco de la nueva salud pública.
  • Impulsar los servicios municipales de inspección y control sanitario, dentro de una política de prevención ante los posibles factores de riesgo del entorno.
  • Intervenir sobre las causas que inciden en la salud individual y poblacional como consecuencia de desigualdades y situaciones de exclusión social. El fomento de la equidad a través de los Planes Municipales de Salud, así como la acciones preventivas dirigidas con preferencia a los grupos de riesgo y de mayor vulnerabilidad deben formar parte del propio contrato social con los ciudadanos.
  • Promover las escuelas municipales de salud para atender a las necesidades de formación e información en el área de prevención y promoción de la salud (programas de alimentación saludable, hábitos responsables en la salud individual y colectiva, consejos expertos para una vida sana,…).
  • Crear centros multidisciplinares de prevención y asistencia para las adicciones en el ámbito competencial de las políticas municipales en drogodependencias.
  • Potenciar los movimientos asociativos, cívicos y sanitarios en el ámbito de las políticas de salud pública.
  • Evaluar periódicamente desde las propias Administraciones Locales las políticas activas transversales en salud pública dentro de su ámbito de responsabilidad.
  • Regular desde las competencias de las Corporaciones Locales todas las actividades económicas, industriales y comunitarias que pudieran producir un efecto negativo en la salud de la población.

 


5.7.1. Una ciudadanía soberana en una sociedad en transformación

La construcción de la modernidad ordenada se ha fraguado y sustentado en la economía de mercado, en la democracia liberal y en la sociedad civil -con mayor o menor articulación; esta última, en su condición de ciudadanía, está representada por el tejido asociativo y las redes familiares y sociales.

La sociedad civil, es decir, el retículo asociativo plural y pluralista, se expresa con una gran diversidad de formas, culturas y valores. Seguimos creyendo que sin gentes con virtudes y valores universales no hay sociedad civil, porque los entramados institucionales -mercados y tecnoestructuras-por sí mismos no resuelven los problemas de la ciudadanía. Necesitamos sociedades constituidas por comunidades de personas autónomas, subsidiariamente competentes y asociadas a las estructuras de solidaridad del tejido social.

Entendemos también que las clases políticas requieren de una visión cívica y social para enfrentar la realidad más allá del cortoplacismo, porque las afinidades cognitivas y morales que han quedado indemnes en el tejido más virtuoso y decente de la sociedad tras el naufragio de los patrones dominantes de una “modernidad económica amoral”, deben formar parte de un nuevo arquetipo antropológico y social que aporte modelos de convivencia éticamente responsables en el conjunto de la ciudadanía2 .

Tomar conciencia de este nuevo paradigma significa “civilizar la economía”, lo cual lleva implícito poner en valor la identidad humana y reenfocar la gestión de los conflictos a través de la cooperación confiada y de la reciprocidad3 .

El mundo postmoderno debe presencializarse en el humanismo cívico y ético y para ello tiene que comparecer la ciudadanía soberana en la sociedad civil; es decir, la primacía de las personas sobre las tecnoestructuras y los mercados para entender el desarrollo económico y social a la medida del ser humano, y por tanto virtuoso en su propia naturaleza y antropología moral. Porque debajo de las tecnoestructuras en sus dimensiones: política, económica y tecnológica, sigue estando el humanismo social y la conciencia de una sociedad justa; por ello necesitamos una “nueva economía pública y civil”, cuya presunción antropológica es personalista y por tanto reconoce a la persona en el centro del modelo, interviniendo activamente como protagonista de los cambios sociales y arrinconando todo tipo de alienación que arrebate el sentido transcendente de la vida humana. La nueva filosofía moral del ser frente al tener.

Exaltar el valor de cada hombre y su potencia creativa4 promueve una sociedad más inclusiva, fomenta la empleabilidad como forma de autonomía responsable, dignifica el talento, deslegitima socialmente la codicia, valida las buenas prácticas y otorga “denominación de origen” al humanismo científico en el mundo de las organizaciones sociales, las empresas y el mercado. La seguridad, la participación, el valor de pertenencia y la identidad social, configuran el trabajo interior de las instituciones económicas humanistas y refuerzan su misión corporativa y las credenciales de futuro.

Para que la ciudadanía pueda expresarse virtuosamente desde este concepto de humanismo cívico y moral es preciso refundir algunos principios que ensalcen la legitimidad del mundo vital frente a las tecnoestructuras y jerarquías: el principio de generalización, que viene a señalar la igualdad de oportunidades para poder expresar libremente y con plena autonomía las potencialidades humanas en la sociedad; el principio de incidencia, complementario al anterior, que trata de personalizar en cada ser humano la atención de la sociedad, que le permita un proceso de aprendizaje y desarrollo a la medida de sus capacidades y actitudes; y, por último, el principio de universalidad, que funde y legitima simultáneamente a la persona y a la comunidad a la que sirve.

Por todo ello se hace imprescindible un movimiento cívico potente como signo de una sociedad civil estructurada y organizada, para que la post-modernidad adquiera su mayoría de edad frente a un modelo agotado de ciudadanía pasiva incapacitada para gobernar su propio destino5 .

5.7.2. La legitimación del Contrato Social de ciudadanía sanitaria

La gestión pública humanista necesita también de una nueva convergencia profesional y social comprometida con el destino de los servicios sanitarios públicos para las próximas generaciones y una cultura antropológica centrada en el principio de ciudadanía.

El sistema sanitario público posee un pilar esencial: los derechos de ciudadanía sanitaria. Estos derechos sustantivos intrínsecos a la persona, en su condición de ciudadano, deben ser el nexo necesario de vinculación entre los agentes sociales y las profesiones sanitarias con los servicios públicos de salud. El compromiso agencial que emana y se explicita en el contrato social adquiere plena legitimidad en el Marco Constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.

La democracia deliberativa y la ética pública y social convergen hacia el bien común; por ello, la misión principal de todos los agentes del sector ante la sociedad es legar a las generaciones venideras un sistema público de salud al que puedan acceder todos los ciudadanos en condiciones de igualdad; ellos son sus legítimos propietarios y a todos, y a cada uno de nosotros, en base al principio de ciudadanía sanitaria nos corresponde protegerlo, potenciarlo y exigir un uso socialmente eficiente de los recursos disponibles para dignificar sus credenciales y garantizar la viabilidad futura.

A la sociedad civil le corresponde presencializar su identidad por medio de una participación activa de la ciudadanía en la vida pública y social.

La agenda temática de ciudadanía sanitaria debe incluir iniciativas que acrecienten el capital cívico, social, moral y antropológico-cultural en la vida de las instituciones que gestionan bienes preferentes como la salud humana:

 


La convergencia de todos los agentes del sector sanitario en una misión compartida para garantizar los derechos sustantivos de ciudadanía bajo un Contrato Social vinculante hace necesario:

  • Apoyar desde las instituciones públicas y entidades sociales toda iniciativa emergente de la sociedad orientada a la salud de las personas y al bienestar colectivo.
  • Fomentar la participación ciudadana en los órganos colegiados de representación pública y social, como un exponente de identidad y progreso en los servicios sanitarios públicos, que promueve sociedades más justas y solidarias.
  • Asegurar los derechos sustantivos constitucionales y sociales de Ciudadanía Sanitaria como la información, participación, igualdad, transparencia, autonomía, justicia social, subsidiariedad, tutela pública, veracidad, representación, seguridad y respeto a la dignidad humana; porque representan el retículo moral en donde se sustenta una sociedad ejemplarizante y unas instituciones sanitarias públicas socialmente cohesionadas para el bien común.
  • La autoridad política que ejerce a nivel institucional la soberanía sanitaria, así como los agentes económicos y sociales, deben enaltecer y sustentar el contrato social de ciudadanía, fortaleciendo su legitimidad como derecho fundamental en el marco constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.
  • Porque pensamos que la ciudadanía sanitaria en su función agencial de primacía social debe propiciar y determinar sus propias obligaciones y responsabilidades de servicio a las instituciones y a la comunidad: voluntariado sanitario y socio-sanitario, donación de sangre y órganos-tejidos, cuidados informales a familiares enfermos o discapacitados, movimientos cívicos, asociaciones altruistas de ayuda mutua y todo tipo de acciones sociales colectivas.

 


La acción política y la intervención de los poderes públicos deben contribuir de forma más decisiva a reforzar los sentimientos de seguridad personal y protección ante los riesgos, aportando de esta manera mecanismos y oportunidades para el desarrollo personal de los ciudadanos, objetivo primordial de la ética social del Estado de Derecho.

Es también el momento de articular en el nuevo contrato social la función de co-responsabilidad de los ciudadanos con los valores que legitiman los servicios sanitarios públicos, el vínculo de socialización del bienestar entre los individuos que comparten necesidades y destino en las comunidades, los grupos plurales de nuestras sociedades post-industriales y el compromiso de las personas con su propia salud; porque todas estas expresiones de vitalidad social vienen a constituir subsidiariamente las nuevas competencias de una ciudadanía activa e integrada en una sociedad plural y pluralista, que a través de su participación social determina la fortaleza y coherencia interna de las instituciones sanitarias modernas.

Porque consideramos que el ciudadano como agente social autónomo y proactivo, debe intervenir de forma autoresponsable en actividades públicas finalistas, desarrollando sus propias competencias a través de los mecanismos de participación, cooperando además en el proceso de integración y cohesión social en la comunidad de pertenencia. Esta co-gobernanza participativa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones a través de las instituciones y de las entidades representativas de la sociedad civil, es muestra del mejor exponente de la democracia representativa siendo además un complemento insustituible para dar carta de naturaleza al principio de subsidiariedad.

Creemos también que la desafección de los ciudadanos con las instituciones sociales constituye la principal amenaza contra la continuidad de las políticas de salud que defienden la solidaridad y la equidad como argumentos éticos principales en el ejercicio de la responsabilidad pública. Este riesgo potencial exige revisar necesariamente los procesos de integración y protección de los derechos de ciudadanía, a la vez que potenciar los movimientos cívicos de voluntariado, las corrientes de asociacionismo altruista y las iniciativas de participación social (grupos de mutua ayuda y cooperativismo productivo), contribuyendo a reforzar desde la ética pública los sentimientos de seguridad personal y la protección ante los riesgos de desamparo y exclusión social.

Es relevante entender el vínculo jurídico de la protección a la salud en dimensión europea, porque esta función social preferente se ha configurado actualmente como un derecho fundamental de todos los ciudadanos de la UE, y así en la Carta de Derechos Fundamentales lo prescribe en su artículo 35: “Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.

Este cambio de estatus jurídico y de garantía pública en la protección a la salud, desde un principio rector a un derecho fundamental (artículo 43-CE), exige reconsiderar todos los elementos vinculantes de este servicio esencial dentro de la arquitectura pública de prestaciones sociales, y que viene a representar la identidad y credenciales de nuestro modelo político, económico y social que está sustentado en valores de convivencia democrática y de competencias subsidiarias en la sociedad civil; y de manera preferente en una concepción de ciudadanía sanitaria con relevancia constitucional. Desde nuestra visión, el contrato social con los ciudadanos que estamos proponiendo lo interpretamos jurisdiccionalmente como el vínculo de responsabilidad inter-generacional compartida entre el poder político y la ciudadanía sanitaria. Creemos necesario abrir una nueva etapa en donde se redefina éste “vínculo sanitario” y se establezcan nuevos pPilares en el modelo de servicios sanitarios y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en unicidad con el conjunto del SNS.

Powered by WordPress