5.6.1. El entorno económico y fiscal
Los efectos de la crisis financiera y económica global han desestabilizado las finanzas públicas de los países socialmente avanzados, condicionando como consecuencia -y de forma determinante- las políticas sociales en lo que respecta a prestaciones sociales preferentes, y en particular a los servicios sanitarios que, ya hoy, están enfrentando desequilibrios presupuestarios graves que ponen en riesgo real su sostenibilidad.
La mayoría de los expertos coinciden en que la recuperación en la mayoría de las economías avanzadas será débil y se verá lastrada por el gigantesco endeudamiento de familias, empresas y entidades financieras, junto a la singular deuda soberana en Europa y EE.UU.
En 2010 hemos continuado en situación de estancamiento, con crecimiento del PIB del -0,1 %, todo ello junto a un panorama ciertamente inquietante de endeudamiento global, racionamiento crediticio severo, débil inversión privada y tasas de desempleo en torno al 20 % sobre población activa.
Tenemos además que anticipar el calendario de reducción del déficit público contemplado en el Plan de Estabilidad Fiscal, ante nuestra situación crítica económica, financiera y fiscal. El dique de contención en el déficit público (la nueva vara de medir) contemplado en este exigente programa de desempeño fiscal se ha situado en 2010 en el -9,3 % del PIB y en 2011 en el -6,0 % del PIB.
También las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tendrán que corresponsabilizarse en políticas de ajuste presupuestario, recortando en torno a 1.500-2000 millones de euros del monto total de déficit público. Es por tanto inexcusable la coordinación institucional de la Administración Central con los Gobiernos Autonómicos para ejecutar imperativamente la política de consolidación fiscal y racionalización del gasto público.
Además, en algunas economías desarrolladas como la española deberá modificarse el modelo productivo, reubicando el talento desde sectores maduros a otros con mayor valor añadido y para impulsar un crecimiento sostenible y creación de empleo cualificado.
Las políticas públicas de progreso -bien entendidas- hay que abordarlas -sin duda-, tanto por la vía de los ingresos, con políticas tributarias progresivas y socialmente eficientes, además de medidas determinantes contra el fraude fiscal; como por el lado del gasto, siguiendo criterios de eficiencia asignativa y social, junto al despliegue de instrumentos de garantía y control para identificar el uso abusivo y fraudulento de recursos públicos en funciones de tutela, protección y preferencia social.
En este contexto de incertidumbre los agentes económicos y sociales deben contribuir no sólo a la sostenibilidad del sistema sanitario, sino también a dinamizar el conjunto de las políticas públicas de nuestro país. Es el momento de plantear responsablemente lo que todos podemos hacer por el sistema para mejorar sus funciones y prestaciones.
5.6.2. La responsabilidad institucional de la empresa moderna
Las dinámicas de cambio adaptativo a las que tienen que enfrentarse las organizaciones y empresas modernas para mejorar la eficiencia económica, rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo, forman parte de su responsabilidad social corporativa, que exige la creación de valor para todos los agentes que contribuyen a sus fines y misiones.
Creemos que acorde con la teoría antropológica y humanista de la responsabilidad social de la empresa, es inseparable la creación de valor económico con la contribución al bienestar de toda la sociedad atendiendo a las necesidades y motivaciones de la población. Esta cultura corporativa requiere de un modo de pensar y de actuar comprometido con una acción redistributiva orientada al bien común, es decir, mediante un ejercicio de libertad socialmente responsable ante la ciudadanía.
Esta responsabilidad social se habilita en su propio concepto y valor “per se”, porque las organizaciones económicas no sólo existen para la consecución de beneficios corporativos y maximización de valor para los accionistas, sino también para desempeñar actividades para el conjunto de la sociedad. Dado que los objetivos y los factores económicos y sociales son interdependientes, la búsqueda del equilibrio entre todas las actividades agregadas en los sistemas productivos eficientes, constituye la verdadera tarea de gestión empresarial en el siglo XXI. Estas funciones creadoras de valor no sólo se circunscriben al ámbito estrictamente societario o económico, sino también al intrínsecamente ético y social.
Esta visión de la empresa moderna que trasciende a su propia naturaleza económica, ayuda a entender otras dimensiones sociales que se focalizan en la dignidad de las personas, el bienestar común, la cultura solidaria, la prosperidad de la comunidad, los deberes de justicia, los derechos humanos y también el liderazgo medioambiental, contribuyendo a desarrollar el capital humano, cívico y moral de las instituciones y del tejido social. Son estas virtudes y deberes de ciudadanía empresarial y de desarrollo humano las que deben ser aplicadas -porque se consideran imprescindibles- para la creación de riqueza y prosperidad colectiva.
Las compañías que operan en el sector sanitario son especialmente activas en presentarse a sí mismas como empresas que actúan con principios éticos y sentido de ciudadanía corporativa (corporate citizinship). En sus webs institucionales y en sus memorias anuales la responsabilidad social es parte relevante de sus principios rectores identitarios.
Pero más allá de credos, códigos éticos y toda gama de acciones filantrópicas para mejorar la imagen social de estas importantes corporaciones, su responsabilidad social debe atender y contribuir a fortalecer las propias funciones de valor del sistema sanitario y a potenciar el desarrollo para el conjunto de la sociedad.
Dada la naturaleza de la función sanitaria como bien público preferente, los agentes y grupos económicos del sector deben velar por la rentabilidad social, competencia y sostenibilidad de los servicios sanitarios, máxime en situaciones como la actual de difícil equilibrio en las finanzas públicas que exige ajustes y sacrificios que, en justicia distributiva, no deben menoscabar la prioridad por el interés general y colectivo, más allá de los legítimos intereses particulares.
Creemos que para maximizar el impacto sanitario de las contribuciones sociales de las empresas del sector, las estrategias deben ser globales y continuadas, conocer los límites y reglas del juego de la responsabilidad ante la sociedad y el compromiso corporativo, centrar los objetivos en la comunidad reforzando la credibilidad y mantener la coherencia interna en sus actuaciones; ello exige liderazgo, diálogo democrático y cultura de excelencia para hacer a las instituciones económicas más responsables con el bien común, mejorar su capacidad de comunicación con la sociedad e impulsar la investigación socialmente responsable e innovadora. Esta cultura corporativa genera confianza y sociabilidad, que son dos atributos relevantes del capital social de los entes económicos modernos.
5.6.3. Un marco de convergencia de los agentes sociales con el sistema sanitario público
Los agentes sociales vienen considerando al SNS como un sector estratégico de la economía de conocimiento generador de riqueza, bienestar, innovación científica y empleabilidad cualificada.
También vienen expresando la confianza en el futuro del sistema sanitario público -y en sus principios fundacionales de equidad social y solidaridad-, como gran patrimonio colectivo de todos los españoles, al cual los trabajadores y empresarios prestaron su impulso histórico, su capitalización básica y su legitimación como derecho social irrenunciable. Siendo artífices de este hito del estado social, es necesario renovar su compromiso en aras a consolidar para las próximas generaciones este servicio fundamental del bienestar, respaldando medidas estructurales que puedan necesitarse para mantener el alto nivel de calidad en las prestaciones públicas.
Todos necesitamos que en su acción social preferente asuman el liderazgo y el reto de transformación de los servicios sanitarios públicos, para que éstos sigan representando en el futuro una prestación central en la protección individual y colectiva de la salud, superando los desafíos que hoy la crisis económica y de legitimación puedan cuestionar el cumplimiento de sus misiones.
Por estas razones los agentes sociales esán planteando la necesidad de que el sistema sanitario público tenga una consideración superior como sector de negociación para, con los instrumentos apropiados, abordar los temas esenciales de naturaleza laboral y social vinculados a la sostenibilidad, financiación, gobernabilidad, cohesión social y solidaridad, teniendo en cuenta que son copropietarios históricos del sistema y que por ello deben comprometer la renovación del Contrato Social para esta política pública del bienestar.
Creemos que los agentes sociales y económicos deben también participar en el control y seguimiento de los servicios sanitarios públicos apoyando sus objetivos y refrendando sus resultados (sociales, sanitarios, financieros…) cuando estos son socialmente eficientes y responden al interés general. El diálogo social y la cultura de convergencia hacia los intereses colectivos son los elementos primordiales para orientar de forma compartida las iniciativas de modernización de la gestión sanitaria en aras a la cohesión social y el bien común.
Una alternativa sanitaria de progreso debe ir más allá de un planteamiento meramente formal o “administrativista”, atribuyendo a los agentes sociales un rol más activo y prominente en aquellos aspectos relacionados con la sostenibilidad, es decir, con la definición estratégica del sistema sanitario.
Por ello entendemos necesaria -quizás hoy imprescindible- su participación en la co-gestión pública y rectoría institucional dentro de los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias y sociales.
La forma más eficaz de impulsar un Acuerdo sería que los agentes sociales: empresarios y trabajadores (patronal y sindicatos) pudieran compartir y unificar criterios de valor común que posibilitaran a los partidos políticos tomar el compromiso del Pacto Sanitario, tal como sucedió con el Pacto de Toledo. Si los agentes sociales alcanzaran un Acuerdo sólido y vinculante, los partidos políticos (especialmente el PSOE y el PP) se verían en razón al interés general emplazados a respaldarlo públicamente.
- Establecer políticamente un sistema de co-gestión económica y social responsable para la gobernabilidad colegiada de los servicios sanitarios públicos.
- Poner en valor un modelo de negociación cooperativa o colaborativa que legitime la participación efectiva y el compromiso de los agentes sociales con los objetivos generales del sistema, de sus instituciones y redes sanitarias, así como también en la definición estratégica y operativa de las políticas profesionales y laborales.
- Promover la igualdad de oportunidades real en el acceso a la función pública y gestionar con mayor flexibilidad, eficacia, celeridad y transparencia la cobertura de los puestos de trabajo. Serán expresión de una política de progreso la calidad del empleo (reduciendo las situaciones de temporalidad), los derechos laborales y sociales, así como la movilidad y adaptabilidad de los recursos humanos a las nuevas necesidades de servicio a los pacientes.
- Articular -de forma decidida e inequívoca- mecanismos de corresponsabilidad compartida entre las autoridades sanitarias, gestores públicos y agentes sociales para, desde la legitimidad del Buen Gobierno, poder intervenir y corregir de forma determinante, en aplicación del derecho público, aquellas disfunciones, actitudes y comportamientos laborales ética y socialmente inaceptables como la desafección a la institución empleadora, la improductividad en el desempeño profesional, la incompetencia técnica y relacional probada en el puesto de trabajo, el absentismo abusivo, reprobable e injustificado, y toda actitud deliberadamente irresponsable que no contribuya a dignificar la vida laboral y robustecer el capital social en los servicios sanitarios públicos.
5.6.4. Nuevas dinámicas en el sindicalismo de progreso
El marco de derechos sustantivos y de garantías recogidas en nuestra Constitución, otorga al principio de cohesión social un valor preferente desde la ética pública dentro del proceso de legitimación democrática del Estado de Derecho.
Los cambios acaecidos durante los últimos años en el ámbito político, económico y social han modificado sustancialmente la realidad, lo que obliga a revisar los fundamentos ideológicos y programáticos a todas las organizaciones públicas y sociales, entre las cuales los sindicatos ocupan un espacio de representación insustituible en las instituciones y en la sociedad civil. El papel de los sindicatos, como contrapoder, es imprescindible al tiempo que condición para poder hablar de Estado Social de Derecho.
Es obligado reconocer en nuestra historia sanitaria que con frecuencia los agentes sociales del sistema, sea por acomodación o desconfianza, han venido actuando -desde su propia legitimidad- de forma disuasoria incluso ante las más livianas propuestas reformistas que en algún momento han sido planteadas por las administraciones públicas. Esta cultura reactiva en la acción sindical no ha facilitado determinados cambios organizativos y laborales que todo sistema social complejo exige para modernizar, tanto los instrumentos de gestión pública, como las políticas de personal, dentro de la función de producción de los servicios sanitarios.
Sin embargo, creemos que el sindicalismo del siglo XXI debe actuar con un espíritu emprendedor liderando con ejemplaridad pública los procesos de cambio necesarios para garantizar la viabilidad, gobernabilidad y cohesión social del SNS. Es el momento del ser, además del estar.
El compromiso democrático de los sindicatos para dinamizar las políticas de integración y convergencia social en un sistema sanitario plenamente descentralizado es hoy indiscutible e insustituible; máxime, ante las tendencias crecientes de determinadas fuerzas centrífugas asociadas a hegemonías económicas, grupos de presión gremiales y activismos corporativos insolidarios, que siguen actuando de una forma utilitarista y excluyente desde una apariencia de pragmatismo socialmente responsable.
Renovar el Acuerdo Social desde un revitalizado sindicalismo de progreso es hoy más que nunca necesario porque la sostenibilidad, equidad, calidad y eficiencia no están garantizadas por las normas, procedimientos o credos ideológicos; y los sindicatos deben ser garantes principales de la solidaridad intergeneracional en aquellos programas sociales preferentes tendentes a corregir los problemas y las desigualdades en salud.
- Reforzar la legitimidad social interna y externa de las actividades y misiones propiamente sindicales.
- Dignificar y enaltecer las formas de participación social emprendedora y el modelo de co-gestión pública responsable.
- Contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario reforzando el capital social, cívico, reputacional, moral y cultural de nuestras instituciones.
- Conjugar en la acción sindical las dimensiones de solidaridad, eficiencia, cohesión social y sostenibilidad.
- Reafirmar el compromiso para mejorar y transmitir el legado sanitario a las próximas generaciones.
- Conseguir desde el diálogo constructivo el óptimo social en los procesos de negociación, arrinconando los conflictos de interés y toda actitud reduccionista, sectaria e insolidaria.
- Dar carta de naturaleza y de corresponsabilidad social a los sindicatos en los procesos de modernización organizativa y gestora de los servicios sanitarios públicos.
- Custodiar y proteger el acervo histórico, las credenciales institucionales, la cultura social y el capital fundacional del propio sistema de salud, patrimonio colectivo de todos los españoles.
- Transitar hacia modelos de Buen Gobierno sindical guiados por los valores universales y humanistas que impregnan la identidad de los servicios sanitarios públicos en una sociedad plural y pluralista.
- Hacer del Pacto Sanitario -al que todos estamos convocados- el mejor instrumento de consenso político y social, que nuestra sociedad exige y merece.
5.6.5. La legitimidad del Pacto con las organizaciones económicas y sociales
Promover y fortalecer el diálogo social es un proceso de responsabilidad y legitimación democrática. Esta clara afirmación toma hoy una especial relevancia, porque cualquier salida a la situación actual de crisis económica, de saldos presupuestarios públicos deficitarios y de incierta confianza política y social, va a requerir de la construcción de profundos consensos entre todas las administraciones, instituciones y agentes que formamos parte activa de una sociedad compleja y en continua transformación.
Es posible que la conclusión final del debate que estamos proponiendo y que define nuestro modo de entender el proceso de modernización de los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid, nos lleve a considerar que la propuesta de Acuerdo Social con todos los agentes del sector no sólo es deseable, sino imprescindible.
Para nosotros, lo que resulta verdaderamente importante es si en este proceso de elaboración y propuesta al debate público y social de un modelo de sistema sanitario sostenible -que para la Comunidad de Madrid representa el Libro Blanco-, habrá que ir teniendo en cuenta un horizonte de diálogo franco; y por tanto, las iniciativas que se avancen tendrán que pasar necesariamente el test de aceptabilidad por sindicatos y patronal, en aras al consenso. Porque sin esta convergencia por el interés general, más allá de las legítimas diferencias de visión sanitaria, será más difícil el necesario -y apremiante – Acuerdo Social.
Tenemos la convicción de que si las propuestas que finalmente realice el Libro Blanco son potencialmente asumibles por las organizaciones empresariales y sindicales -con las dosis de flexibilidad que el diálogo impone-, será entonces evidente que el proceso de reflexión compartida y de negociación política y social habrá merecido la pena.