5.5.1. La legitimidad del nuevo profesionalismo sanitario
El cambio de paradigma en la medicina y en la práctica de las profesiones sanitarias viene determinado por la responsabilidad que exigen las grandes transformaciones económicas, tecnológicas, demográficas, epidemiológicas, organizativas, jurídico-laborales, éticas, antropológicas, culturales y sociales. En particular, la revisión del concepto de profesionalismo se incardina en una nueva era de la medicina y de la asistencia moderna, basada en un liderazgo social más diversificado y enriquecido, pero no exento de incertidumbre.
Estos cambios -a veces disruptivos- no alteran la base de legitimación de las profesiones sanitarias. La confiabilidad (o fiabilidad) basada en las credenciales profesionales y el compromiso personal sigue hoy representando el núcleo central del contrato socialimplícito en la relación de las profesiones sanitarias con los pacientes, garantizando incondicionalmente la defensa de sus intereses y los de la población, un servicio altruista, un comportamiento ético, así como unos conocimientos, competencias, habilidades técnicas y aptitudes para tomar decisiones orientadas a las necesidades de salud de las personas y al bien común.
Este compromiso ético forma parte del contrato social implícito entre los profesionales sanitarios y la propia sociedad, representando la base de su legitimación social.
El reconocimiento y capacidad de autoregulación que la sociedad otorga a las profesiones sanitarias exige de éstas un cumplimiento estricto de las normas legales, compromiso de responsabilidad social, un claro escrutinio ético en las intervenciones públicas, ausencia de conflictos de interés, así como una integridad moral y comportamental intachable. Sin estas bases de legitimación en el ejercicio público no es posible fortalecer la confianza ni dialogar con la sociedad desde el arquetipo social que ésta propone y demanda a las instituciones del bienestar, ni tampoco promover una cultura de valores propios del humanismo científico y social.
El nuevo concepto de paciente (más activo como consumidor o cliente y que exige un modelo deliberado de decisiones compartidas) y de ciudadano social (que plantea garantías públicas de competencia y personalización en los servicios sanitarios), en una sociedad progresivamente multi-étnica y plural en su cultura, define nuevas categorías en el ejercicio de la responsabilidad profesional y social de los servicios sanitarios públicos.
Para dar respuesta a estos desafíos necesitamos de nuevos impulsos y compromisos para renovar las competencias profesionales (integridad, iniciativa, resiliencia, negociación, motivación, unicidad, comunicación, visión, delegación…) y metacompetencias (adaptabilidad, autoconocimiento, oportunidades, autorregulación, asertividad…). Esta cultura social proactiva en tiempos de crisis es concordante con los principios que otorgan legitimidad al nuevo profesionalismo sanitario de nuestro tiempo.
La legitimidad del nuevo profesionalismo sanitario como base de sustentación del Acuerdo Social por la Sanidad Pública que presentamos se fundamenta en la jerarquía de valores y principios que la sociedad identifica y reconoce: vocación de servicio, primacía de los intereses de los pacientes, actitud competente y moral en la práctica asistencial, promoción del bien común, garantía de credencialismo profesional, humanismo científico y observancia de un código de conducta universal para promover un bien social preferente como la salud.
La investigación biomédica es también un elemento central en el nuevo paradigma del profesionalismo sanitario. Su meta final es producir conocimiento que conduzca a mejorar la salud de los ciudadanos.
Y bien, para que se produzca el encuentro entre profesionalismo y sociedad civil es también necesario que las profesiones sanitarias puedan satisfacer sus propias y legítimas motivaciones en su vida profesional y personal. Es responsabilidad de las autoridades sanitarias poner en valor las políticas profesionales que impliquen el desarrollo del nuevo profesionalismo para así desactivar toda desconfianza y desilusión sobre el futuro de la vida laboral y profesional en las instituciones sanitarias públicas.
La autoridad sanitaria debe reconocer el papel central de las profesiones sanitarias para reorientar y dirigir su propio progreso profesional y social, también en lo concerniente a la organización y gestión de los servicios de salud. Sin un desarrollo efectivo y racional de los valores esenciales que asumen estas profesiones, no es posible pretender un sistema sanitario moderno, eficaz y humanista.
Probablemente nos encontramos en un periodo de transición social en el cual la práctica asistencial moderna en los servicios sanitarios deberá adaptarse a los cambios dinámicos y disruptivos del entorno; sin embargo, este proceso adaptativo es complejo y requiere una reflexión ponderada porque afecta a los valores tradicionales más importantes de las profesiones sanitarias: autonomía, relación de tutela incondicional con el paciente, desarrollo científico y tecnológico, acceso y uso discrecional de los recursos disponibles y un grado notable de reputación social.
Las relaciones profesionales en su función de agencia con la sociedad, nunca han estado exentas de disonancias -y a veces de tensiones- pero, en esta época histórica, a diferencia de las anteriores, deben resolverse a favor de la sociedad, lo que exige una creciente mentalización con respecto a los roles esenciales a desempeñar por las organizaciones profesionales en el servicio de la comunidad y que, precisamente por ello, encuentren potenciada su necesaria y perdurable función social.
Estas organizaciones profesionales socialmente responsables son aquellas donde sus miembros:
- Están integrados en un dinamismo continuado de progreso en el saber reconocido, dialogando, cooperando, descubriendo, resolviendo con eficacia y calidad los problemas, es decir, trabajando en confiada colaboración como una condición indispensable para el crecimiento y sostenibilidad de una comunidad profesional que precisa innovar continuamente sus conocimientos.
- Materializan sus ideas, hacen operativos sus proyectos, generan un proceso de empatía con la realidad sanitaria y distinguen lo esencial “el quid de la cuestión” de lo superfluo o accidental.
- Entienden la ética profesional y social como el fundamento de toda sabiduría práctica.
- Confían mutuamente en sus actuaciones desde la veracidad y la transparencia, creando entornos y climas saludables de trabajo.
- Desvinculan de su identidad profesional cualquier elemento deletéreo como el engaño, la opacidad o la insolidaridad.
Es importante tomar conciencia de las limitaciones que aquejan a las organizaciones profesionales en el ámbito de la sanidad y que dificultan su capacidad de influencia y participación efectiva en la orientación de las políticas públicas. Creemos que si las profesiones sanitarias se enmarcan en un nuevo activismo cívico-profesional en su proceso interno de renovación, es posible que se refuerce la legitimación social; porque los valores implícitos a las profesiones sanitarias son la base identitaria donde se sustenta la confianza en la relación con los pacientes y ciudadanos, y además han demostrado que contribuyen a mejorar la efectividad y la eficiencia en el funcionamiento de los servicios sanitarios.
La fibra ética de la medicina moderna y humanista forma parte del compromiso del nuevo profesionalismo sanitario que tiene como corolario un mayor activismo cívico, moral y social para el sistema sanitario público.
La grandeza de nuestro sistema sanitario está en sus creencias y en sus prácticas socialmente responsables, así como en el espíritu de generosidad y compromiso moral de quienes lo constituimos, más allá de los determinantes económicos, los ordenamientos jurídicos, las tecnoestructuras y los instrumentos burocráticos de funcionamiento, quizá imprescindibles, pero que no pueden sustituir a las personas ni a sus fines o principios, porque son los que garantizan la fortaleza de este legado social para las generaciones venideras. Es la razón esencial por la que estamos planteando la necesidad de un nuevo profesionalismo sanitario que revitalice el Contrato Social con la sociedad.
- Vinculación profesional y social al derecho constitucional a la protección de la salud, ejerciendo una función de tutoría que garantice su cumplimiento para los pacientes y ciudadanos sanitarios.
- Conexión con los valores del nuevo profesionalismo sanitario en su competencia técnica o distinción competente (compromiso con la calidad; cooperación en equipos multidisciplinares; rendición de cuentas; relevancia científica; eficiencia operativa; diligencia y capacidad de respuesta y autoevaluación) y en su dimensión humanista y social (integridad; privacidad e intimidad; ejemplaridad; honestidad intelectual ; altruismo compasivo; veracidad; sentido de justicia social y empatía o calidez en el trato personal).
- Compromiso y lealtad (conciencia social en los retos profesionales) orientados hacia un ejercicio de autonomía responsable en la gestión asistencial y contractual; a una mayor implicación y participación democrática deliberativa en los órganos colegiados y comisiones técnico-asistenciales de los centros sanitarios; a formas de trabajo en comunidades de prácticas con capacidad de auto-organización compartiendo una motivación -intrínseca y trascendente- por el bien común, limitando todo tipo de conflictos de interés o sesgos de individualismo insolidario.
- Educación -en las ciencias humanistas y sociales-intergeneracional para custodiar y legar los valores del principialismo biosanitario y la conciencia de responsabilidad social en el uso de los bienes y recursos colectivos.
- Apremiar el proceso de formación de grado y especialización en la profesión de enfermería, propiciando modelos meritocráticos para su crecimiento y promoción profesional en todos los estratos y niveles de la organización sanitaria.
- Promover un activismo profesional cívico y social pro-reformista para enfrentar los grandes desafíos de modernización y consolidación del modelo sanitario público como consecuencia de las transformaciones sociales y de los ciclos disruptivos en las ciencias biomédicas.
5.5.2. Los procesos de cambio en la profesión médica
Existe una demanda creciente en avanzar hacia un modelo de profesionalismo médico en donde se conjuguen el principio de autonomía, la responsabilidad social, la rendición de cuentas y la política de incentivos vinculada a la evaluación de competencias y resultados en la práctica de la medicina; todo ello siguiendo algunos modelos de referencia del mundo anglosajón y otros países desarrollados con sistemas sanitarios bien estructurados.
La profesión médica en su contrato implícito con la sociedad y los ciudadanos -que otorgan subsidiariamente competencias de autorregulación y monopolio en el ejercicio profesional-, tiene la responsabilidad pública de asignar con eficiencia social los recursos disponibles y prestar servicios según necesidad en razón al interés general. Son los microsistemas asistenciales el lugar de encuentro en donde interaccionan los profesionales con los pacientes y la población, siendo por tanto este ámbito en donde los servicios sanitarios adquieren su proceso de legitimación social y ciudadana; por cuanto se establecen los vínculos de idoneidad, aprecio, confianza y respeto mutuo. La revitalización de este espacio natural y propio de la asistencia sanitaria, debe ser un objetivo permanente en la modernización y sostenibilidad de los servicios sanitarios públicos.
Son algunos elementos básicos los que sustentan la legitimidad del contrato social de la profesión médica: el primum non nocerem en la práctica asistencial, mediante la aplicación del uso adecuado y prudente de los recursos disponibles y el fomento de la “prevención cuaternaria”; la cultura sanitaria humanista de personalización del servicio en concordancia con la actitud autorresponsable del paciente con su propia salud; y la celeridad en la traslación de la mejor evidencia científica disponible para mejorar la efectividad en la práctica clínica.
La sociedad demanda de la comunidad médica un compromiso activo para que estos principios señalados formen parte de un modelo de excelencia sanitaria, profesional y social. Consecuentemente, la autoridad política y sanitaria debe conferir legitimidad y reconocimiento a esta función de servicio social a la ciudadanía poniendo en valor criterios de actuación como la transparencia, ejemplaridad y distinción competente.
La legitimación social de la profesión médica ante los pacientes y los ciudadanos, exige superar un determinado estigma adversarial como expresión de una cultura asimétrica que ha distorsionado la auctoritas en las relaciones agenciales con otros estamentos funcionales y profesionales de la asistencia sanitaria. Creemos necesaria la redefinición de un nuevo estatuto de la profesión médica basado en determinados principios fundamentales (Asociation of American Medical Colleges): la primacía del bienestar del paciente, la autonomía del paciente como principio aplicativo de la bioética, la capacidad de autorregulación de la medicina, el conocimiento especializado orientado al bien común y la justicia social. Desde estos principios señalados, el dilema entre ética profesional y ética social o bien común, se resuelve en la propia soberanía de la ciudadanía sanitaria y en la legitimidad reconocida del profesionalismo médico.
Las reglas del juego están cambiando y la profesión médica está adaptándose a unos esquemas de trabajo en comunidades de prácticas, en donde la toma de decisiones sobre la organización y el diseño clínico, no sólo es multidisciplinaria, sino también interprofesional e interniveles asistenciales, en un proceso continuado de delegación, confiabilidad y práctica cooperativa. Sin embargo, este modelo de cambio organizativo más integrador se ve afectado negativamente porque hoy es fácilmente constatable que la fidelidad y adherencia interna de la profesión médica a sus instituciones es muy frágil, lo que se ha venido denominando desde el ámbito directivo y gestor como falta de identidad y orgullo de pertenencia a la organización. El grado de desafectación y el bajo nivel de compromiso tácito de muchos profesionales de la medicina con la misión y principios fundacionales del propio sistema, es un signo preocupante de decadencia y agotamiento del legado sanitario que fueron construyendo generaciones precedentes, y cuyas consecuencias en el ámbito laboral se manifiestan negligentemente y de forma diversa: actitudes oportunistas, insolidarias, escapistas, acríticas y utilitaristas.
El conocimiento implícito que custodian como un activo fijo las personas libres y autónomas no puede ser protegido por mecanismos burocráticos o estilos gerenciales autocráticos, máxime si la gestión de profesionales con competencias distintivas y reputación social reconocida no responde apropiadamente a sus necesidades y expectativas.
La pérdida de profesionales cualificados o la externalización de servicios de alta cualificación afectan al modelo de experiencia y aprendizaje de la organización de los centros sanitarios públicos, reduciendo y/o alterando las bases históricas del conocimiento contextual y estructurado. Por más, el riesgo añadido por la pérdida de profesionales competentes, puede dañar las redes sociales colectivas, la cultura organizativa y las relaciones de confianza en los centros, cerrando un círculo vicioso que distorsiona y debilita las prácticas de Buen Gobierno clínico en las instituciones sanitarias.
Esta dinámica indolente de desapego potencial al contrato social implícito de la profesión médica es un elemento de deslegitimación e incertidumbre para el Buen Gobierno de las instituciones, ya que no existen instrumentos jurídicos de protección del capital intelectual y social frente a la competencia oportunista que está planteado en la actualidad el sector privado, que aprovecha con notable eficacia la ausencia de una política de gobierno de personas y de desarrollo profesional consistente, atractiva y unitaria en el ámbito sanitario público.
Por tanto, ante esta realidad, las preguntas a responder serían:
- ¿Cómo prevenir para que los profesionales médicos con talento y compromiso social no se desvinculen de las instituciones públicas?
- ¿Qué incentivos serían los más apropiados para que no se produzcan “deserciones” profesionales cualificadas?
- ¿Cómo involucrar a los profesionales del conocimiento en dinámicas de excelencia organizativa y de gestión de la innovación?
- ¿Cómo atraer a los profesionales de la medicina hacia iniciativas emprendedoras, centradas en la buena práctica clínica -calidad asistencial- y sustentadas en políticas de promoción, meritocracia y reconocimiento social?
- ¿Qué mecanismos de dirección profesional serían los más efectivos para minimizar el “efecto contagio” hacia actitudes apáticas e indiferentes?
Es necesario un gobierno de personas que contemple las motivaciones y desarrollos humanos, y despliegue iniciativas atractivas para prolongar la vida laboral de la profesión médica, muy especialmente de aquellos que han mostrado una alta capacidad técnica y unos comportamientos éticos ejemplarizantes. Además, es imprescindible una política profesional que no altere la base de confianza, el clima organizativo y la cultura interna arraigada en la organización clínica con decisiones que puedan afectar al proceso implícito de legitimación y reconocimiento social.
Posiblemente pueda ayudar a encontrar respuestas coherentes a estos interrogantes una mejor comprensión de los mecanismos de integración organizativa, participación y autogestión vinculados a las motivaciones intrínsecas y transcendentes (teoría de las motivaciones humanas), que en última instancia determinan el grado de reputación e identidad profesional, atractividad social, seguridad jurídica, justa compensación al compromiso con la excelencia y una mayor legitimación ante la sociedad, es decir, una filosofía sanitaria inserta en el nuevo profesionalismo médico.
5.5.3. Los procesos de cambio en la profesión de enfermería
En este renovado marco ético del profesionalismo, también la profesión de enfermería debe responder a los nuevos retos que demanda la sociedad en el ámbito de los cuidados de salud y liderar los cambios competenciales y sociales que exigen las nuevas responsabilidades dentro de los equipos de trabajo multi e interdisciplinares; otorgando especial atención a la integración, difusión y desarrollo del conocimiento enfermero, al rediseño de las capacidades técnicas específicas en la enfermería comunitaria, a los modelos de buenas prácticas y desarrollo de competencias avanzadas, a los procesos estandarizados basados en la mejor evidencia científica disponible, a la accesibilidad e interoperabilidad en los servicios de tele-enfermería, y al perfeccionamiento de las funciones de gobierno y gestión de los equipos directivos y funcionales en la división de enfermería de las instituciones sanitarias.
Con el programa de estudios integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior la enfermería alcanzará un nivel de desarrollo de Grado y Postgrado Universitario en las diferentes áreas académicas de especialización relacionadas con los programas máster y doctorado, impulsando nuevas actividades reguladas por créditos ECTS para certificar los procesos de formación, investigación y gestión de los servicios y procesos de enfermería.
Los cambios demográficos, tecnológicos y sociales están redefiniendo de forma continua las competencias y funciones de la enfermería, tanto en el ámbito de los servicios especializados como en la atención primaria y comunitaria. Así mismo, tomarán especial relevancia académica dominios de conocimiento enfermero para la coordinación socio-sanitaria, la prevención y promoción de la salud en el medio familiar, escolar y en los grupos sociales más vulnerables, la gestión integrada de recursos sanitarios y sociales en los diferentes estratos y niveles de la prestación asistencial y técnica, los procesos de investigación y evaluación de la práctica enfermera y las nuevas competencias para la educación y uso racional de los medicamentos a la población.
Desde una visión de cooperación interprofesional y multidisciplinaria en los servicios de salud, la enfermería participará activamente en los procesos de gestión del conocimiento y en la evaluación de la práctica asistencial desde sus propias competencias en cuidados especializados. Este modelo de ejercicio profesional que diluye jerarquías verticales y promueve redes profesionales deberá contribuir a mejorar la calidad científica de la profesión enfermera, así como fomentar el intercambio de experiencias en comunidades de trabajo cooperativo.
Se promoverá también un desarrollo específico para la profesión de enfermería en el uso de las nuevas TICs aplicadas a los cuidados de la salud (tele-enfermería; procesos telemáticos en cuidados de enfermería), con el fin de mejorar la accesibilidad a las necesidades de enfermos crónicos (atención preferente a la cronicidad en los procesos de enfermería), pacientes inmovilizados o estados clínicos que precisen monitorización postquirúrgica, atención domiciliaria y comunitaria u otro tipo de cuidados específicos. Todo ello exige el despliegue y la potenciación de nuevas competencias avanzadas en enfermería, para orientar sus propios procesos de innovación y garantía de excelencia profesional.
La profesionalización, el modelo de Buen Gobierno y meritocracia, el desarrollo de nuevas competencias directivas y gestoras, y la gestión del conocimiento en enfermería, serán los ejes centrales de actuación en todos los procesos de promoción y desarrollo de esta profesión en las instituciones y centros sanitarios.
5.5.4. La renovación del Contrato Social de las profesiones sanitarias
Los profesionales de la salud se sienten participes de este gran activo de la sociedad española que es el SNS, y se encuentran comprometidos en su mantenimiento y mejora, contribuyendo a su sostenibilidad interna poniendo en práctica una cultura de servicio basada en el humanismo científico y en el interés social.
Este vínculo profesional de adhesión al Derecho Constitucional a la protección de la salud, actúa como garantía pública sustantiva e incondicional para los pacientes y ciudadanos que son los destinatarios principales del servicio sanitario.
Sin embargo, ante la crisis de liderazgo político y gestor en los servicios sanitarios públicos de nuestra Comunidad, muchos profesionales, con independencia de su pensamiento ideológico y social, asisten desconcertados y turbados a esta situación y comprueban -día a día- que en este clima tan adverso son muy difíciles los consensos y transacciones inherentes a cualquier organización compleja en una sociedad abierta y plural. Si tenemos en cuenta el cambio tecnológico y social que está afectando a la medicina y a la sanidad, y que sin duda, se acelerará en los próximos años, nos inquieta que los problemas de rectoría política y de gestión sanitaria pública puedan entrar en una senda de difícil sostenibilidad económica, de deterioro de la calidad, de atomización organizativa en el funcionamiento de los servicios y notoria desafección profesional.
Existe una sensibilidad creciente entre los profesionales de la salud para que se produzca un profundo proceso de cambio en su función social que refuerce su reconocimiento y legitimidad ante la sociedad; superando el modelo paternalista que ya enunció Iván Illich en su libro Némesis Médica1 , donde se cuestiona el status quo tradicional entre profesión médica y ciudadanía, y se legitiman nuevos valores que refuerzan los principios de autonomía, altruismo, moralidad y responsabilidad social.
Desde su compromiso moral con la medicina y la sanidad pública, los profesionales de la salud vienen emplazando a las instituciones y a las entidades políticas para que asuman su responsabilidad y promuevan un espacio de reflexión y consenso, en dónde se cimienten las raíces de un necesario Pacto Sanitario que legitime ante la sociedad esta prestación social preferente; porque se sienten tutores de los derechos de los pacientes, de sus Garantías Constitucionales de equidad en los servicios sanitarios y del vínculo de solidaridad que representa el arraigo de ciudadanía social. Esta filosofía sanitaria está inserta en el contrato social del nuevo profesionalismo sanitario.
Encajar, por tanto, una propuesta política reformista -en clave de iniciativas de innovación organizativa y del sistema productivo- en la cultura emprendedora del profesionalismo sanitario, es a nuestro entender uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el proceso de modernización de los servicios de salud en la Comunidad de Madrid.
Los que pensamos que el progreso de la medicina, el avance de la ciencia y la construcción de sociedades más prósperas, justas y solidarias, son parte de una misma vocación universalista e integradora, no nos resignamos a que los servicios sanitarios públicos entren en una deriva de deterioro, fragmentación y desmotivación. Y queremos que nuestro legado a las jóvenes generaciones de profesionales de la salud incluya un mensaje de esperanza, responsabilidad y compromiso.
- La figura del médico personal -personalización- como garantía pública incondicional en atención primaria, con accesibilidad directa para el paciente (Internet, telefonía…).
- El facultativo especialista de referencia en el hospital, identificado y accesible por el paciente y por el médico personal de atención primaria, actuando como interlocutor en el proceso asistencial ante los equipos profesionales y otras demandas internas que pudieran ser necesarias para una gestión integrada de su enfermedad.
- Las garantías jurídicas y médicas de adecuación selectiva y transparencia en el sistema de listas y tiempos de demora (gestión de citas facilitada por sistemas informáticos, telefonía o telemática) y en el acceso a la información de la historia clínica.
- El ejercicio de derechos de elección a través de esquemas integrados y coordinados (servicios del área o distrito de salud), reforzados mediante mecanismos de segunda opinión médica y derivaciones reguladas, así como un sistema de arbitraje garantista para proteger los derechos de los pacientes.
- Un mayor desarrollo de la función y actividades de la enfermería comunitaria para el apoyo y tutela asistencial a pacientes crónicos, complejos y frágiles, las consultas de promoción, prevención y educación de la salud, así como los cuidados de proximidad a pacientes y familiares.
- La tutela pública en el respeto a la dignidad humana y la autonomía del paciente como ejes de toda práctica asistencial, con especial protección y responsabilidad moral en el ejercicio y actuaciones del final de la vida -con el acompañamiento y apoyo a la familia-.
5.5.5. Las Instituciones Colegiales como garantes de los derechos de los pacientes y de la sociedad
Sabemos que las profesiones sanitarias influyen, positiva y de forma determinante, en el progreso de la sanidad y que, además, como consecuencia de los grandes cambios sociales y de las “mutaciones” científicas y tecnológicas, debe plantearse una revisión -desde la ética pública y profesional- del contrato social para su eventual renovación. Por ello, es importante tomar conciencia de la propia identidad y del peso social de las profesiones y de sus organizaciones representativas y colegiadas para influir de forma proactiva en la política, la economía social y en la sociedad.
Las organizaciones profesionales colegiadas son entes insustituibles del tejido colectivo público en todas las sociedades democráticas avanzadas y aportan uno de los componentes más valiosos del capital social: el conocimiento especializado y los valores reconocidos. En todos los países desarrollados, con independencia de su regulación y arquitectura organizativa, estas instituciones tienen una función agencial especialmente relevante en la conformación de la opinión pública y en las políticas relacionadas con su área de conocimientos idiosincrásicos, por su notable influencia en la sociedad.
Los Colegios Profesionales están llamados a ejercer sus funciones sociales indelegables para preservar los valores del profesionalismo sanitario mediante una permanente revisión de sus modelos, prácticas y relaciones, para así adecuarse a las necesidades, expectativas y demandas de la sociedad de nuestro tiempo. Recuperar el pleno reconocimiento social de la función de servicio público de las profesiones sanitarias, es una exigencia irrenunciable de la misión ética de estas instituciones representativas porque forma parte constitutiva de su identidad fundacional y legitimidad social.
Para que se institucionalice este compromiso con la sociedad, es imprescindible que en estas instituciones colegiales exista un liderazgo ejemplarizante, declarando de forma expresa esta voluntad de principios honorables y altruistas en el propio contrato social, verdadera carta de reputación moral ante la ciudadanía.
El liderazgo del entramado profesional en el sector de la salud requiere por tanto de un pronunciamiento explícito ante la sociedad, formulando como compromiso público un contrato social vinculante entre estos entes representativos y los pacientes, los ciudadanos y la administración sanitaria. Estas corporaciones de derecho público sustentan su autoridad y credenciales cuando centran su responsabilidad principal en la tutela de los derechos e intereses de los pacientes, en el bien común y en la justicia social.
Los derechos de los pacientes y de la sociedad son los vectores de adhesión al propio sistema sanitario por medio del contrato social que se legitima básicamente en dos cláusulas definitorias: en primer lugar, la propia actividad profesional tutelando los derechos de los pacientes; en segundo lugar, el compromiso institucional colegiado con los ciudadanos, postulando acciones que otorguen a éstos garantías públicas y autonomía soberana como expresión natural de sus competencias subsidiarias. Institucionalismo colegial y soberanía ciudadana representan las bases de legitimación social de las profesiones sanitarias.
Los entes colegiales deben revitalizar su liderazgo, rectoría institucional y reputación social para hacer posible la aplicación de los valores del profesionalismo sanitario y fortalecer la base de confiabilidad que la sociedad les otorga para tutelar, desde su independencia y capacidad de autogobierno, los intereses relacionados con la salud de los pacientes y la población, elementos básicos que constituyen las credenciales identitarias del nuevo contrato social.
Todo ello es el resultado de la confianza y legitimación social otorgada hacia las profesiones sanitarias para qué estas definan su propia identidad institucional, competencias de autorregulación y gobierno corporativo, para así poder:
- Legitimar el ejercicio de la práctica clínica.
- Desarrollar con independencia sus propios dominios profesionales.
- Definir estándares de calidad y principios bioéticos de buena práctica.
- Aplicar los códigos deontológicos en la defensa de los pacientes.
- Gestionar los procesos de autorregulación y licencia de ejercicio.
- Instrumentalizar los procedimientos legales de certificación y recertificación profesional.
- Establecer sus específicas trayectorias de aprendizaje y custodia del conocimiento idiosincrásico.
- Intermediar en funciones de arbitraje en los conflictos profesionales, laborales y sociales.
- Liderar la aplicación de las bases del profesionalismo ético y social en las instituciones sanitarias.
- Garantizar junto con los poderes públicos y autoridades sanitarias, los principios de protección y tutela efectiva del derecho a la salud fundamentados en nuestra Constitución.
- Promover y liderar el nuevo profesionalismo sanitario, que significa en la práctica un compromiso de adhesión a los principios aplicados de la bioética como guía de actuación,
- Hacer un uso responsable y socialmente eficiente de los recursos públicos disponibles, desarrollando desde el saber reconocido auctoritas sus competencias idiosincrásicas con independencia, libertad de juicio y autonomía responsable.
- Poner en valor la cultura humanista y compasiva en los diferentes ámbitos y niveles del ejercicio profesional.
- Ser agentes de la salud ejemplarizantes, tanto en el cumplimiento de las normas legales y éticas, como en las conductas que deberán ser moralmente intachables en el servicio a la sociedad.
- Establecer los estándares de calidad (evaluación y acreditación) y buena práctica asistencial.
- Reconocimiento legal y social de los instrumentos necesarios para la formación continuada y el perfeccionamiento competente, así como del sistema de credencialismo profesional (licencias de ejercicio, certificación y recertificación/ revalidación).
- Revisión permanente del código deontológico y ético-social que guíe todas las actuaciones profesionales en los servicios sanitarios.
Entendemos por tanto que el nuevo contrato social impele a las profesiones sanitarias y a su representación colegial a adherirse de forma expresa a los principios constitucionales que otorgan seguridad jurídica y garantías públicas a la prestación sanitaria, así como al derecho a la protección de la salud.
Las instituciones colegiales tienen que seguir velando para que todas estas garantías hacia los conciudadanos formen parte del nuevo contrato social, y con este fin, deben promover desde el Buen Gobierno una dinámica de servicio a la sociedad que refuerce su legitimidad, siendo sus ejes de actuación: el respecto a la verdad, la primacía de la bioética, la tutela de los derechos sustantivos de los pacientes y el humanismo científico.
La sociedad civil más cohesionada y socialmente representativa nos está convocando a desarrollar un nuevo profesionalismo, más activo y comprometido; un profesionalismo que pueda ser una llamada a las nuevas generaciones para que recojan el testigo de revitalizar a la vez la medicina y el sistema público de salud.
- Creación de un Consejo o Comisionado vinculado a las Organizaciones Colegiales y participado por la sociedad civil soberana (asociaciones ciudadanas y de pacientes, agentes sociales, organizaciones cívicas y éticas…).
- Participación de los pacientes y de la sociedad civil en las comisiones deontológicas y bioéticas de las Instituciones Colegiales velando por el cumplimiento estricto del principialismo bioético.
- Constitución de un comité de insignes o notables -como representación del saber reconocido en el ámbito jurídico, sanitario, académico, científico, económico y social-. Sus miembros:
-
- Serán elegidos por procedimientos democráticos de Buen Gobierno.
- Deberán ser exponentes de ejemplaridad pública, cívica y profesional.
- Actuarán agencialmente desde la plena independencia, reputación moral y reconocimiento de la sociedad.
- Representarán los diferentes pensamientos e ideologías de una sociedad plural y pluralista.
- Su responsabilidad estará centrada en: el análisis de las grandes transformaciones sociales que inciden y modulan la práctica de las profesiones sanitarias (observatorio profesional y social); la función de arbitraje en los conflictos de interés; el juicio ponderado sobre los dilemas morales que hoy se presentan en el ejercicio profesional; la valoración de la mala praxis y procesos de incompatibilidades que pudieran afectar a la base de legitimación del profesionalismo; y por último, la regulación del nuevo contrato social explícito.
- Garantizarán que todos los informes y actas que se emitan por los órganos competentes serán de dominio público.
- Reconocer a los Colegios Profesionales un marco preferente de interlocución y negociación -en representación de los intereses profesionales y sociales- en los Órganos de Gobierno de las instituciones políticas, sanitarias y sociales de la Comunidad de Madrid.
- Crear la figura del defensor del paciente como miembro representativo en los Órganos de Gobierno Colegial.