5.4.1. Las claves para un Pacto Sanitario en España
Consideramos necesario renovar el discurso de legitimación en los servicios sanitarios públicos que, sin negarse ingenuamente a ver la realidad tal como es, diseñe las líneas maestras de un modelo de desarrollo económico y de gobernanza política, y que simultáneamente asuma la tarea colectiva de crear valor con eficacia para, así, distribuir solidariamente el bienestar social. Esa transformación requiere: sensibilidad para captar las claves esenciales del comportamiento y de las necesidades humanas; creatividad para elaborar propuestas innovadoras y realizables; y proporcionalidad para encontrar los puntos de equilibrio en las dicotomías principales que hoy atenazan a la sociedad.
Desde estas credenciales, los redactores de este Libro Blanco de la Sanidad Madrileña hemos venido trabajando con una visión de “puertas abiertas” a todo pensamiento y conocimiento socialmente responsable, para poner en valor una concepción solidaria y eficiente de los servicios públicos de salud. Y hemos enfrentado esta responsabilidad desde dos fundamentos básicos al servicio de una cultura de gobierno colectivo que exige nuevos liderazgos políticos y cimientos renovados de capital social y ético: reformismo transformador en las políticas públicas para revitalizar los bienes sociales preferentes y promover el bienestar, la equidad y la eficiencia social; y regeneracionismo moral en la gobernanza pública, como principio rector de ejemplaridad, para construir sociedades democráticas presencializables y decentes, movilizando a todos los segmentos de la ciudadanía subsidiarios de valores universales e intemporales. En esta convergencia de reformismo y regeneracionismo está la garantía de la sostenibilidad y de las credenciales sociales en los servicios sanitarios públicos.
En democracia nuestra generación hemos vivido -y compartido- con plena libertad: una conciencia social, creencias colectivas -inductoras de virtudes éticas-, sentido de convivencia fecunda y tolerante, autorrealización de servicio responsable a la sociedad, inaceptabilidad de todo tipo de caudillaje, presencialidad de un humanismo cívico y moral, primacía de las personas sobre las tecnoestructuras y mercados, transcendencia del bien común frente al individualismo excéntrico y hedonista, cultura de liberación y, en suma, ejercicio de emancipación y de soberanía personal.
Esta filosofía deseamos que esté presente e impregne nuestra propuesta de modernización humanista y social de los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid, y para este reto necesitamos más que nunca conciencias críticas, liderazgos políticos inteligentes y morales, y una visión de futuro (cómo deseamos y debemos hacer llegar el sistema sanitario público a las próximas generaciones), porque entendemos que son inaplazables reformas estructurales gobernadas y participadas desde los valores que propugnamos y compartimos.
Bien sabemos que ninguna organización sanitaria puede funcionar con eficiencia económica y social, ni tampoco con justicia equitativa, si las personas que pertenecemos a la misma no consideramos como propios los objetivos estratégicos, el capital social y los valores fundacionales que forman parte de su misión, así como los problemas y aspiraciones de todos los miembros que constituimos parte activa de estas instituciones del bienestar colectivo.
Por más, sin una base de consenso institucional entre los gobiernos sanitarios del conjunto del Estado, ni desarrollo de instrumentos de coordinación y cohesión social, no hay ningún sistema sanitario que pueda ser sostenible; menos aún en situaciones como la actual de crisis económica, exigente rectitud fiscal y ajuste de las finanzas públicas.
Todo ello nos lleva a pensar que en la construcción de los consensos necesarios para alcanzar un punto de convergencia política y social interterritorial para la sostenibilidad del SNS, es razonable considerar que un Acuerdo Institucional de los partidos con representación parlamentaria en las Cortes Generales allanaría sustancialmente el terreno para que a posteriori se pudiera avanzar hacia un Pacto entre -y en- las propias CC.AA.
En esta línea de argumentación política, el denominando Pacto por la Sanidad debería tener tanto un componente interterritorial como también interpartidista y que, más allá del marco político y legislativo, los problemas sanitarios, sólo tienen una solución global y de corresponsabilidad sustentada en principios de lealtad institucional. Sin estos vectores de adhesión y concordancia política, la arquitectura institucional del conjunto de SNS será más vulnerable al impacto de los factores exógenos de un entorno dinámico, complejo y disruptivo.
No es posible ejercer la responsabilidad institucional, política y social (adhesión, lealtad, compromiso, disponibilidad…) como principio de ética pública, cuando prima el interés particular y partidista.
Por tanto, es evidente que desde el pragmatismo político un posible Acuerdo Sanitario tendría mayor sentido si se adoptara a nivel estatal; si bien, las propuestas de este Libro Blanco deben centrarse necesariamente en la Comunidad de Madrid. Consideramos no obstante que Madrid, que es la Comunidad más distributiva y solidaria de España, una vez que cuente con un Gobierno de Progreso, apueste por liderar un proceso de convergencia sanitaria y social de ámbito nacional en torno a un Acuerdo Social por la sostenibilidad del SNS.
5.4.2. Liderando el Acuerdo Sanitario en la Comunidad de Madrid
La política sanitaria debe ejercerse en todos los niveles operacionales del sistema, bajo los principios de co-responsabilidad y participación institucional y social: a nivel macro, a través de las políticas de salud y rectoría política, económica y social; a nivel meso, ejerciendo los derechos de propiedad en todas las funciones esenciales de la cadena de innovación y de valor de las instituciones sanitarias; y a nivel micro, gestionando eficientemente los subsistemas clínicos para garantizar la calidad asistencial y los resultados en términos de coste/efectividad.
Es por ello que para cimentar las bases de consenso y garantizar la calidad y la eficiencia del servicio público de salud en la Comunidad de Madrid, se requiere considerar “varios planos” o contratos sociales diferenciados: en primer lugar con los pacientes, que son el centro de orientación de los servicios sanitarios públicos; en segundo lugar con los profesionales, que constituyen la garantía incondicional de la calidad asistencial; en tercer lugar con los agentes económicos y sociales, que representan el valor de los principios fundacionales del sistema; y por último, con los ciudadanos, como agentes financiadores que ostentan la titularidad de los bienes públicos y sostienen su legitimidad.
Si se propone llevar a la sociedad madrileña estas reflexiones y a su vez sensibilizar a los agentes políticos, institucionales, sociales y profesionales sobre la verdadera naturaleza y el alcance de los problemas sanitarios, se habrá conseguido algo valioso. Si además, se abre un espacio preferente en la agenda política y pública para trabajar en medidas que garanticen la sostenibilidad y la mejora en la calidad de los servicios sanitarios públicos, se habrá dado un paso muy relevante para su preservación y fortalecimiento de su capital humano y social.
Creemos que existe un Contrato Social implícito que actúa como garante del sistema público de salud; hacerlo explícito y perfeccionar la forma en la que aprovechemos las oportunidades y evitemos las amenazas, es la gran tarea a la cual nos sentimos convocados, y para la que hemos pedido la contribución de todos.
Por tanto, deberán ser los agentes sociales, económicos, científicos, profesionales y la propia sociedad civil participada, quienes estén desde su responsabilidad disponibles para implicarse en los procesos de reflexión y discernimiento tomando conciencia de los problemas estructurales del sistema y contribuyendo, más allá de toda crítica legitima y constructiva, a promover cambios orgánicos y funcionales que ayuden a consolidar el patrimonio común sanitario, a través de innovaciones organizativas y de gestión en este servicio público socialmente preferente.
La filosofía política neoconservadora puesta en práctica por el Gobierno de la Comunidad de Madrid está cuestionando algunos principios económicos y sociales que han venido sustentando históricamente la legitimidad de las instituciones sanitarias, y que han contribuido al crecimiento y consolidación de los recursos de titularidad pública, así como a la integración de competencias esenciales en los servicios de salud.
Sabemos por otra parte de las dificultades para que las organizaciones empresariales se impliquen formalmente en la sostenibilidad económica y social de los servicios sanitarios públicos, asumiendo un coste de oportunidad compartido con los sindicatos y el gobierno. En todo caso, y desde una lógica puramente utilitarista, el modelo público de pensiones tampoco resultaba tan atrayente para la patronal como su alternativa de capitalización individual en los mercados financieros y, aún así, la CEOE acordó firmar el Pacto de Toledo y, más recientemente, el Acuerdo Social. Hoy es el momento de plantear ante la sociedad lo que todos podemos hacer por el sistema sanitario público para mejorar sus funciones y sostener sus prestaciones.
También recientemente y de forma explícita la CEOE ha abogado por acuerdos plurianuales de colaboración entre el sector público y privado “para impulsar programas de cohesión territorial y social, así como a desarrollar modelos de asignación de recursos basados en criterios demográficos y de necesidad”. Esta visión está contemplada en el Informe que remitieron al Gobierno de España sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en el cual se resaltaba su preocupación por la sostenibilidad del sistema sanitario público. La esperanza de un Acuerdo Social en el sector de la salud sigue por tanto abierta, máxime cuando el Consejo Económico y Social de España, el pasado 20 de octubre-2010, en Sesión Ordinaria del Pleno, aprobó por consenso el Informe 01/2010 sobre Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social en el Sistema Sanitario.
Así lo entendemos porque la responsabilidad social del sector económico debe atender y contribuir a fortalecer las funciones esenciales del sistema sanitario y a consolidar la generación de riqueza para el conjunto de la sociedad. Es bajo esta concepción como encontramos un significado a la ética empresarial y a la puesta en valor del Buen Gobierno corporativo. Por ello, una práctica de ética empresarial y social es buscar acuerdos o pactos estables sobre políticas básicas necesarias para la gobernanza de los servicios sanitarios públicos, incluso bajo condiciones adversariales de suma cero.
Un planteamiento institucional que considerara la necesidad de una implicación mucho más activa -Acuerdo Social- de las organizaciones empresariales y sindicales en la sostenibilidad del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid debiera tener, además de su obvia visión estratégica (aspirar a definir el futuro), otra más pragmática, impulsando y facilitando el camino a recorrer para avanzar en el proceso de modernización de la gestión de los servicios sanitarios públicos.
Pensamos que merecería la pena explorar y trabajar políticamente para obtener la adhesión de los empresarios y sindicatos a un Acuerdo o Pacto Social por la sostenibilidad del sistema sanitario público madrileño, con un marco de colaboración bien planificado y definido, que ofrezca posibilidades de participación privada subsidiaria y complementaria en las prestaciones colectivas sin menoscabar por ello el proceso de capitalización pública de los servicios esenciales, así como las señas de identidad y los valores de servicio público.
En todo caso, para quienes crean entrever una postura pragmática, recordaremos que un Pacto Social significa acordar “un” modelo y no solicitar meras adhesiones a “nuestro” modelo. Y que existen intereses tan legítimos como diversos que los “pactos políticos y sociales”, precisamente, deben buscar conciliar partiendo de su propia legitimidad.