Los principios que legitiman los sistemas sociales se institucionalizan cuando representan fundamentos esenciales que aceptamos los miembros de la sociedad como marco de convivencia, tolerancia, cultura cívica y respeto de ciudadanía. Estos valores informan, condicionan y alinean las acciones y las políticas preferentes del estado benefactor.
El fortalecimiento de la arquitectura social del estado articula los espacios democráticos, quiebra la polarización de la sociedad, legitima el sistema político, genera riqueza y empleo, y potencia el principio de subsidiariedad otorgando competencias participativas en todos los niveles de la sociedad civil.
Este principio de subsidiariedad, integrado en el Marco Constitucional Europeo para el desarrollo y la expresión plena del derecho soberano de ciudadanía, se basa en un concepto ético y social cuyos atributos sustantivos son el mutuo respeto en la convivencia y fomento de la libertad, la dignidad y diversidad humana, y la contribución al bien común.
La acción política y la intervención de los poderes públicos deben contribuir de forma decisiva a reforzar los sentimientos de seguridad personal -en condiciones de igualdad- y protección ante los riesgos, aportando garantías y derechos para el desarrollo de los ciudadanos, objetivo primordial de la ética del estado.
El papel del estado es por tanto insustituible, pero propugnamos el cambio de paradigma de lo público, desde el paternalismo a la participación real, desde el ciudadano como objeto, al ciudadano como sujeto. Se trata de un cambio cultural y de valores que debe plantearse a largo plazo, en el cual las administraciones y servicios públicos pueden y deben desempeñar un rol esencial de subsidiariedad social.
Preservar por tanto las instituciones del bienestar, que custodian la constelación de valores y la cultura humanista de nuestra civilización occidental, se convierte en una exigencia irrenunciable de las sociedades democráticas avanzadas y una garantía de cohesión social.
El sistema sanitario español, como institución esencial de servicio público, es hoy un instrumento social insustituible en nuestro país, fundamento básico del Estado de Bienestar.
En las últimas décadas, todos los países occidentales con arquitecturas sociales avanzadas están planteando políticas de contención del gasto sanitario para garantizar la sostenibilidad y cohesión de sus propios sistemas, así como un mejor equilibrio en el binomio eficiencia-equidad, lo cual exige desde la ética pública una gestión apropiada tanto en los procesos de asignación como en el uso de los recursos disponibles, y un mayor grado de corresponsabilidad de todos los agentes económicos, profesionales y sociales del sector.