La Comunidad de Madrid tiene en su territorio todas las competencias propias de la autoridad sanitaria. Éstas incluyen tanto la sanidad pública como todo tipo de actividad privada relacionada con la sanidad (centros médicos y consultas, consultas dentales, ópticas, centros de fisioterapia y rehabilitación, farmacias, etc.). Sus competencias en relación a todos estos servicios sanitarios incluyen: regulación, autorización previa, inspección, etc., con el objetivo de garantizar la salud pública, así como la seguridad y calidad de los servicios ofertados. Por otro lado, las competencias de la Comunidad en materia de consumo refuerzan, si cabe, la capacidad y la obligación del gobierno de la Comunidad de proteger los derechos, tanto sanitarios como de consumo, de la población en relación con los servicios sanitarios privados.
El gobierno del PP-Aguirre que alardea de liberalismo y no esconde su preferencia por la existencia de mercado y competencia en la provisión de servicios sanitarios, ha mostrado sin embargo un nulo interés por adaptar a la Comunidad de Madrid los ejemplos de transparencia, apertura de información, seguridad y garantías para ciudadanos y pacientes que ofrecen los países de referencia en estos aspectos, sea con financiación pública (el NHS de Inglaterra) o mixta (Estados Unidos). Sus actuaciones para garantizar calidad y seguridad en la medicina y sanidad privadas se ha limitado a una política de control meramente burocrático de estas actividades, descuidando por completo su obligación de garantizar de calidad y seguridad, así como los derechos de los consumidores en estos servicios.
Consideramos que ciudadanos y pacientes tienen en relación con su salud en todos los servicios de la sanidad privada, los mismos derechos de Seguridad, Respeto, Información, Decisión, Privacidad-confidencialidad, Respuesta a reclamaciones, que en la sanidad pública. Pensamos que sus garantías de calidad y seguridad debieran tener los mismos estándares existentes en los países y sistemas más exigentes y transparentes con la actividad sanitaria privada, como puede ser el caso de California (ver por ejemplo: http://www.dhcs.ca.gov, y htt://www.calhospitalcompare.org). Inspirar la regulación de la sanidad privada de Madrid en las experiencias de los sistemas y países más avanzados, además de contribuir al bienestar de los ciudadanos de Madrid tiene el beneficio añadido de hacer competitivos en el mercado internacional los servicios de los centros sanitarios privados de Madrid. Por ello, recomendamos:
- Revisar la regulación existente en Madrid para los diversos sectores de la actividad sanitaria privada y en consulta con sus representantes, actualizar esta regulación con los mejores estándares internacionales, asegurando mecanismos de cumplimiento y monitorización de los mismos, basados en la transparencia y acceso público a la información; esta regulación deberá incluir, entre otros, aspectos la explicitación de conflictos de interés, la obligación de reportar la actividad clínica al sistema de información sanitaria de la Comunidad (CMBD, registro de tumores, protésis, etc.);
- Elaborar, en consulta con los interesados (sanidad privada, ciudadanos, expertos, colegios y organizaciones profesionales) la adaptación a todas las actividades sanitarias privadas de la Comunidad de Madrid una adaptación de la Carta de Derechos y Deberes Sanitarios existente para la sanidad pública;
- Incluir explícitamente entre las funciones de la Agencia de Ciudadanía Sanitaria, la protección de los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios privados ofertados en la Comunidad de Madrid, incluyendo en su Informe Anual su actividad en esta área, así como la gestión de las denuncias y quejas tramitadas;
- Incluir todas las actividades de la sanidad en los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo Permanente sobre Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid;
- Incluir en la regulación de actividad sanitaria privada la monitorización, por parte de la Autoridad Sanitaria de Madrid, de la seguridad, efectividad y veracidad científica de la industria para-médica de la Comunidad, protegiendo la población frente a la difusión carente de rigor científico de todo tipo de productos-milagro que puedan suponer un riesgo para la salud de la población.